Cintia Rivero es investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y directora del Laboratorio de Investigaciones en Biotecnología Sustentable y del Centro de Desarrollo de Tecnologías Sustentables de esa misma universidad. Su trabajo está orientado al desarrollo de soluciones biotecnológicas para el tratamiento de agua, efluentes industriales y biorremediación.
En diálogo con AGUALATAM sobre contaminantes emergentes, Rivero repasó qué sustancias integran esta categoría, por qué su regulación todavía es incipiente en la Argentina y qué pasos considera necesarios para avanzar en la materia, tanto desde el Estado como desde el sector productivo.
¿De qué hablamos cuando hablamos de contaminantes emergentes?
Nos referimos a sustancias o agentes que están presentes en el ambiente y en el agua, pero que hasta ahora no habían sido medidos ni regulados. En realidad no son contaminantes nuevos; en muchos casos existen desde hace mucho tiempo, pero hoy podemos detectarlos en concentraciones muy bajas gracias al avance de las tecnologías analíticas y a que empezamos a conocer los efectos que pueden tener sobre la salud.
Dentro de este grupo podemos mencionar residuos de medicamentos, como analgésicos y antiinflamatorios, hormonas, disruptores endócrinos, productos de cuidado personal, los PFAS —conocidos como químicos eternos por su persistencia—, microplásticos y bacterias vinculadas a la resistencia a los antimicrobianos. El problema es que muchos de estos compuestos son persistentes, son activos biológicamente y pueden generar efectos incluso a concentraciones muy bajas, y los sistemas convencionales de tratamiento de agua y efluentes todavía no están diseñados para eliminarlos.
¿Por qué este tema debería empezar a ocupar un lugar más central en la agenda argentina?
Estamos frente a una problemática ambiental, sanitaria y también productiva. Estos contaminantes tienen la capacidad de llegar a ríos, napas y distintos cuerpos de agua a través de efluentes domiciliarios, hospitalarios e industriales. Aunque muchas veces no se ven, porque no generan un cambio visible en el agua, al ser persistentes y estar en bajas concentraciones terminan afectando a los organismos acuáticos y contribuyendo a la resistencia antimicrobiana.
Por otro lado, hay que considerar que otros países, como los de la Unión Europea, ya están empezando a monitorearlos y a controlarlos. Por ejemplo, en los últimos meses se incorporaron allí parámetros para medir los PFAS en agua de consumo. Que todavía no lo exija una norma legal acá en la Argentina puede darles a las industrias nacionales una ventaja frente al mercado o a los clientes internacionales, o incluso la posibilidad de incorporarse a una nueva cadena de valor.
Incorporar este tema de manera temprana les va a permitir a las industrias anticiparse, generar capacidades de monitoreo de estos contaminantes y evitar que esta adaptación llegue como una urgencia.
¿Qué vacíos o desafíos regulatorios ves hoy en el país?
Creo que el principal desafío es que las normas actuales regulan parámetros tradicionales, como el pH, la materia orgánica, los sólidos, los hidrocarburos y los indicadores microbiológicos, pero todavía no existe un marco legal que controle la mayoría de los contaminantes emergentes, ni en el agua ni en los efluentes.
Si bien existen algunos avances específicos —la Argentina cuenta con lineamientos que buscan reducir la contaminación por plásticos y microplásticos—, todavía falta definir cuáles son las sustancias que deben priorizarse, cómo deben medirse, con qué frecuencia y cuáles serían los valores de referencia. Además, la medición de estos compuestos requiere equipamiento y laboratorios capacitados: no alcanza con incorporar una sustancia a una normativa si no contamos con la capacidad técnica para medirla y controlarla.
¿Qué pasos concretos habría que dar para avanzar en esta agenda?
Primero habría que construir una lista de contaminantes prioritarios, que se base en el riesgo y en la persistencia de cada una de las sustancias que se vayan a considerar.
Por otro lado, hay que generar datos: realizar monitoreos en distintos tipos de agua, estandarizar metodologías y fortalecer laboratorios públicos, privados y de universidades. Esto permitiría contar con valores guía para después avanzar en la gestión de límites regulatorios.
Todo esto debe trabajarse de manera articulada entre el Estado, las universidades, el sistema científico, los prestadores de agua, la industria y las cámaras del sector.
