La sequía que afecta al Corredor Seco de Honduras llevó a organismos humanitarios a intervenir en comunidades de los departamentos de Choluteca, Valle y Comayagua, donde entregaron asistencia a 4.000 hogares, equivalentes a unas 20.000 personas. La respuesta fue coordinada por la FAO con el respaldo del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe, que destinó 2,15 millones de dólares a la intervención.

Entre las medidas aplicadas se incluyeron transferencias monetarias directas de 150 dólares por familia, que en conjunto sumaron una inversión de 600.000 dólares. Además, 3.500 hogares recibieron kits agrícolas y 660 familias fueron equipadas con sistemas de riego y almacenamiento de agua, orientados a sostener la producción en la temporada de siembra de postrera.

El programa también contempló insumos pecuarios y campañas de vacunación que alcanzaron a 49.000 animales, junto con la conformación de 20 bancos comunitarios de granos que benefician a cerca de 1.000 hogares. Según los organismos involucrados, estas acciones buscan sostener la producción de alimentos y el acceso a agua para riego en las comunidades más afectadas.

En la aldea Tapaire, en Choluteca, una de las beneficiarias señaló que destinará el dinero recibido a la compra de semillas e insumos para la cosecha de postrera. En la comunidad de Los Colorados, otro productor, dedicado al cultivo de ayote y sandía, indicó que invertirá la ayuda en insumos para la siembra de granos básicos, hortalizas y frutas.

El director de un centro de estudios de la UNAH advirtió que, de mantenerse las condiciones de déficit hídrico, hasta 750.000 hondureños podrían encontrarse en situación de inseguridad alimentaria severa durante julio y agosto. La proyección se suma a las señales de organismos regionales que ya habían identificado un déficit de lluvias significativo en Centroamérica durante las últimas semanas.

Los organismos humanitarios que participan de la respuesta remarcaron que el objetivo no se limita a la asistencia temporal, sino a fortalecer las capacidades productivas de las comunidades para enfrentar futuras crisis climáticas en la región del Corredor Seco, una de las zonas más vulnerables a la sequía en Centroamérica.