El Ministerio de Economía de la Nación postergó del 27 de agosto al 15 de septiembre de 2026 el plazo para la presentación y apertura de ofertas de la licitación pública nacional e internacional para privatizar el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y desagües cloacales a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La prórroga fue formalizada mediante una resolución que se publica en el Boletín Oficial, según informaron fuentes oficiales.
La postergación se dio luego de que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentara un amparo judicial con el objetivo de frenar el proceso licitatorio y lograr que la provincia de Buenos Aires participe en la futura concesión a través de su empresa pública ABSA. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había reclamado previamente un rol para la provincia en el esquema de privatización.
Entre los interesados en participar del proceso se cuentan actores locales como el Grupo Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas, y Mauricio Filiberti, dueño de la empresa Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. A nivel internacional mostraron interés las brasileñas Sabesp, la compañía de saneamiento de San Pablo que abastece a 27 millones de personas, y Águas do Rio, del grupo Aegea Saneamento. Según trascendió, la chilena Aguas Andinas no presentaría oferta, mientras que la israelí Mekorot quedó excluida por tratarse de una empresa de un Estado extranjero.
El pliego contempla la concesión del servicio por 30 años, con opción a una prórroga de 10 años adicionales, y establece revisiones tarifarias quinquenales en lugar de anuales. El Gobierno nacional estima recaudar cerca de USD 500 millones con la operación, fondos que según trascendió se destinarían a afrontar vencimientos de deuda externa previstos para 2027.
En paralelo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Plan de Acción de la futura concesionaria para el período 2027-2031, que prevé una inversión de USD 1.940 millones en el primer quinquenio. El plan incluye la instalación de 100.000 medidores por año para mejorar la eficiencia operativa y reducir las pérdidas de facturación, además de metas de ampliación de cobertura de agua potable (de 75,3% a 78,9%) y de cloacas (de 63,9% a 65,3%) en los primeros diez años del nuevo esquema.
AySA, que no recibe subsidios estatales para su operación y mantenimiento desde 2024, aplicará en septiembre un nuevo aumento tarifario del 2,3%, en línea con la evolución de precios de la economía. La empresa reporta actualmente una morosidad del 11%, con el objetivo de reducirla al 4%, luego de un proceso de retiros voluntarios que redujo su dotación de personal en 1.500 empleados desde 2024.
