Cuando se analiza cuánto cuesta el agua para un hogar, la discusión suele concentrarse en la factura del servicio. Sin embargo, esa mirada resulta insuficiente: en la práctica, muchas familias deben afrontar gastos adicionales para acceder, almacenar, bombear, tratar, mantener o reemplazar agua segura, además de resolver problemas sanitarios o de infraestructura asociados a su calidad, continuidad o disponibilidad. El costo real del agua no siempre llega con la boleta mensual, sino que también aparece en bombas, tanques, filtros, agua envasada, reparaciones, análisis, energía y consultas médicas, entre otras erogaciones que suelen quedar dispersas y fuera de las estadísticas oficiales.
Organismos internacionales como WHO/UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE vienen trabajando sobre la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento, generalmente midiendo qué proporción del ingreso del hogar se destina al pago del servicio. No obstante, ese enfoque suele centrarse en la tarifa formal y no siempre incorpora de manera integral los costos indirectos, sanitarios, tecnológicos y de adaptación que muchas familias asumen por fuera de la red o de la cobertura pública. En ese marco, la CAA propone avanzar sobre un concepto más amplio, el de gasto de bolsillo en agua, entendido como el conjunto de desembolsos que realizan los hogares y que no son cubiertos por el prestador ni por políticas públicas.
A partir de esa definición, el informe clasifica el gasto en cinco componentes: gasto directo (factura, perforaciones, electricidad de bombeo, agua envasada), gasto en infraestructura domiciliaria (bombas, tanques, filtros, cañerías), gasto en mantenimiento (limpieza de tanques, análisis, reparaciones), gasto sanitario asociado (consultas médicas, medicamentos, días laborales perdidos) y gasto de adaptación (almacenamiento ante cortes, grupos electrógenos, captación de agua de lluvia). La propuesta también incluye una fórmula orientativa, que expresa el IGBA como la relación entre los gastos vinculados al agua y el ingreso anual del hogar, multiplicada por cien.
El documento subraya que este gasto no impacta de la misma manera en todos los hogares: aun cuando el desembolso absoluto sea similar, su peso relativo sobre el ingreso resulta mayor en las familias de menores recursos, lo que le da un carácter regresivo. A esto se suma un factor territorial, ya que los hogares ubicados en zonas con mala calidad de agua, presencia de arsénico, salinidad, baja presión, falta de cloacas o dependencia de pozos individuales enfrentan gastos adicionales en equipamiento y tratamientos específicos. El informe señala además que estos problemas pueden afectar el valor de una propiedad, aunque ese efecto no forma parte directa del cálculo del índice.
La CAA plantea que el enfoque permite abrir interrogantes relevantes para la política pública y la planificación sectorial, como el porcentaje del ingreso familiar destinado al agua, el peso de ese gasto en hogares de menores ingresos o en barrios sin red cloacal, y su evolución frente al cambio climático. La entidad aclara que el valor del IGBA no está en reemplazar los análisis tarifarios existentes, sino en complementarlos con una visión más integral del esfuerzo económico que los hogares realizan para garantizar agua segura, y plantea la posibilidad de extender el concepto hacia el ámbito empresarial, municipal y agrícola.
