El Gobierno de Australia anunció la creación de una Oficina de Inteligencia Artificial (Office of AI), que funcionará dentro del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete. El organismo tendrá como objetivo coordinar un enfoque conjunto entre los distintos ministerios para el desarrollo de estándares de inteligencia artificial, reemplazando el esquema previo, que abordaba la cuestión de forma sectorial.
Según explicó el primer ministro Anthony Albanese, los nuevos estándares también fijarán reglas para los grandes centros de datos, entre ellas su ubicación y los niveles de energía y agua que podrán utilizar. El Gobierno prevé introducir el proyecto de ley en el Parlamento a comienzos del año próximo.
Entre los puntos centrales del anuncio, se estableció que los centros de datos deberán convertirse en productores netos de energía y limitar su consumo de agua. El Gobierno sostiene que el nuevo esquema busca además dar mayor previsibilidad regulatoria y simplificar los procesos de aprobación, en un contexto en el que Australia intenta consolidarse como destino de inversión en inteligencia artificial y como centro global de centros de datos.
El anuncio se da en un escenario de creciente atención pública sobre los efectos de la inteligencia artificial, con posturas que señalan riesgos vinculados a la pérdida de empleos, el aumento de los costos energéticos, cuestiones de seguridad y propiedad intelectual, y el impacto ambiental asociado a la expansión de los centros de datos, que requieren grandes volúmenes de agua para funcionar.
Desde el sector ambiental, organizaciones como Climate Council remarcaron que el crecimiento de los centros de datos vinculado a la inteligencia artificial podría tener un impacto significativo sobre el sistema energético si no se regula adecuadamente, señalando riesgos de suba de precios y de mayores emisiones.
Actualmente, Australia no cuenta con una legislación específica sobre inteligencia artificial. Hasta el momento, la regulación de la actividad se apoya en un conjunto de normas de privacidad y protección al consumidor, junto con un marco voluntario de ética en inteligencia artificial.
