La Justicia de la provincia de Buenos Aires frenó, por el momento, la privatización de AySA. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la medida cautelar dictada por el juez Mariano López, que impide avanzar con la transferencia del 90% de las acciones de la empresa hasta que se determine el pasivo ambiental del servicio. La decisión llega pocos días después de que el Gobierno nacional abriera las ofertas económicas de la licitación para vender la compañía.

La medida había sido solicitada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, que advirtió que el proceso de privatización no contemplaba garantías suficientes sobre el acceso al agua potable y que no estaba determinada la existencia de pasivos ambientales en el territorio bonaerense. El juez hizo lugar al pedido y ordenó a AySA abstenerse de modificar, limitar o desnaturalizar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua, la salud pública y el ambiente, hasta que se realice una evaluación ambiental, sanitaria e institucional integral.

La causa fue remitida a un juzgado federal, al considerarse que la cuestión de fondo corresponde a esa jurisdicción, aunque la medida cautelar se mantuvo vigente por tratarse de una situación de urgencia sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la provincia. La restricción alcanza directamente a los 26 municipios del conurbano bonaerense que reciben el servicio de AySA.

Días antes de la confirmación judicial, el Gobierno nacional había abierto las ofertas económicas de la licitación para vender el 90% de las acciones de AySA. El consorcio integrado por Rowing SA, Transclor SA, la empresa brasileña Arcos Saneamento e Participações y el vehículo PHX Aqua AR B.V. resultó ganador con una oferta de USD 340,2 millones, un 20% por encima de los USD 285 millones ofrecidos por el Grupo Roggio, el otro oferente. El monto quedó por debajo de los cerca de USD 500 millones que esperaba el Ministerio de Economía.

Según el pliego de la licitación, la concesión tiene un plazo de 30 años, prorrogable por 10 más, y prevé inversiones mínimas de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años y de USD 15.040 millones a lo largo de todo el contrato. El esquema establece metas de cobertura de agua potable de 75,3% para 2031, 78,9% para 2036 y más del 90% al cabo de los 30 años; en saneamiento, las metas son de 63,9%, 65,3% y al menos 75%, respectivamente. La tarifa social, que alcanza a unos 160.000 de los aproximadamente 3,8 millones de usuarios de AySA, no sufriría cambios según lo informado.

La resolución de la Cámara no anula formalmente el proceso de licitación, pero en los hechos impide concretar la transferencia de las acciones mientras no se resuelva el reclamo de la Defensoría del Pueblo. AySA, creada en 2006 y encargada del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, continúa bajo control estatal hasta que la Justicia federal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.